Derechos De Los Pueblos Indígenas - Chile y Canadá
Por José Aylwin
Desde Canadá, lugar donde me encuentro haciendo un posgrado en derecho, he intentado seguir los acontecimientos políticos y sociales de Chile, mi país. Lamentablemente, las noticias que llegan a través de la prensa electrónica demuestran la incomprensión de las autoridades de gobierno y del empresariado nacional respecto a los derechos que a los pueblos indígenas del país corresponden como primeros habitantes de nuestro territorio.
Dichas actitudes no resultan sorprendentes; ellas son consistentes con las injusticias que han caracterizado las relaciones entre la sociedad chilena y los pueblos originarios a través de la historia.
Lo ocurrido en el último tiempo en el caso del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, es un ejemplo de lo anterior. ENDESA, con el poder económico que logró durante un periodo oscuro de nuestra historia, y la arrogancia que es propia de algunos sectores en Chile, desafía una ley aprobada democráticamente por el parlamento, la ley 19253 de 1993, también conocida como "ley indígena". Ello al intentar seguir adelante con este proyecto que implica, entre otras cosas, el desalojo de 500 personas Mapuche Pehuenche, de sus tierras ancestrales en el Alto Bío Bío.
El gobierno actual por su parte, insensible ante las protestas de los Pehuenche, y anclado en un concepto añejo del desarrollo, que no incorpora la visión de la comunidad ni cautela recursos naturales escasos, como los de la cuenca del Bío Bío, intenta torcer la voluntad del Consejo Nacional de la CONADI, a través de la remoción de su Director Nacional, Domingo Namuncura, y de dos Consejeros de la confianza del Presidente de la República. Esto último, con el evidente fin de lograr la autorización por esta entidad de las permutas de las tierras de los Pehuenche, y con ello, posibilitar la construcción de la central Ralco.
Aún cuando estas actitudes no resultan sorprendentes en Chile, su injusticia se hace más evidente cuando uno se encuentra en el extranjero, y tiene oportunidad de conocer la forma en que otras sociedades se relacionan con los pueblos indígenas que las integran.
El caso de Canadá, país con el que Chile ha firmado el año pasado un tratado de libre comercio, y que muchas veces es citado como ejemplo de desarrollo, es digno de ser tomado en consideración en esta materia. En este país, integrado por múltiples pueblos de raíz indígena, Europea y últimamente Asiática, los indígenas han sido reconocidos en sucesivos fallos de la Corte Suprema a partir de los años setenta, como los primeros habitantes. Por lo mismo, y en aquellos casos en que sus derechos sobre sus territorios ancestrales no han sido extinguidos en el pasado en virtud de tratados, la Corte ha considerado que los indígenas mantienen intactos sus derechos sobre los mismos, incluyendo sus aguas, bosques y recursos del subsuelo.
Esta situación ha llevado a los varios pueblos indígenas, en forma conjunta con el gobierno federal y con los gobiernos provinciales respectivos, a entrar en procesos de negociación a objeto de definir y precisar sus derechos territoriales. Pero lo que está en juego en estas negociaciones, no es solo la tierra y los recursos naturales, sino también el derecho de estos pueblos a autogobernarse, esto es, a decidir sus destinos por si solos, a optar por formas de desarrollo propias, o a determinar el tipo de educación que quieren dar a sus hijos.
Hasta la fecha alrededor de diez de estos nuevos tratados han sido suscritos por distintos pueblos indígenas de Canadá abarcando una porción no despreciable del territorio de este país. Aunque los acuerdos logrados difieren en cada caso, todos ellos reafirman los derechos que estos pueblos tienen sobre sus territorios ancestrales, y al autogobierno que les corresponde como pueblos diferenciados al interior del país. El caso de la provincia de Columbia Británica en que me encuentro es tal vez el más interesante. Dado que en el periodo colonial los indígenas, al igual que en la mayor parte de Chile, no cedieron voluntariamente sus tierras, y a raíz de las recientes decisiones de las Cortes, el gobierno ha entrado en un proceso de negociación de casi la mitad de las tierras de la provincia, con los cerca de cincuenta pueblos indígenas que aquí habitan.
En los mismos días en que en Chile se intenta resolver desde cómodos escritorios ubicados en Santiago la suerte de los Pehuenche, se finalizó aquí la primera de estas negociaciones, suscribiéndose con fecha 4 de agosto, entre el pueblo Nisga'a y los gobiernos federal y provincial, el primer acuerdo territorial de la provincia. En virtud de este acuerdo, los Nisga'a, con una población de 5 mil personas, número muy similar al de la población Pehuenche, serán los propietarios en comunidad de alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados de tierra. La propiedad incluye la de los recursos del suelo y subsuelo. Además de ello, participarán de la administración y tendrán derechos de extracción de recursos naturales en un área silvestre de propiedad fiscal de un tamaño alrededor de diez veces superior al de las tierras que les fueron reconocidas.
Junto con lo anterior, el mismo acuerdo reconoce a los Nisga'a el derecho a autogobernarse a través de las estructuras que se den en su propia constitución, la que debe ser compatible con la carta de derechos humanos de Canadá. El gobierno Nisga'a incluye la justicia y la policía propia en materias definidas en el acuerdo y en coordinación con la existente en la provincia y el país. Finalmente el acuerdo contempla el pago a este pueblo de alrededor de 200 millones de dólares canadienses en compensación por los derechos territoriales a los que éstos renuncian y en apoyo a su desarrollo futuro.
El acuerdo logrado con los Nisga'a nos habla de una forma diferente de relacionarse entre pueblos diferenciados, sin duda más respetuosa que la que ha existido en Chile con los Pehuenche. En el caso de Ralco se mantiene el patrón histórico de negación del otro e imposición de la voluntad del más fuerte, como forma de relación. Acá en tanto, se resalta el reconocimiento del otro y de sus derechos como primeros habitantes de sus territorios. Mas aún, se subraya la capacidad de los indígenas de decidir sobre su propio futuro al interior de la sociedad canadiense.
Algunos argumentarán que los acuerdos a los que he hecho referencia solo son posibles en el contexto de países desarrollados como Canadá. Lo que he querido subrayar aquí no son tanto los recursos económicos involucrados en ellos, sino la actitud de diálogo, de negociación, de respeto, hoy existente en este país con respecto a los pueblos indígenas.
Si dicha actitud existiese en Chile, proyectos como el de Ralco y otros hoy día en marcha en distintos territorios indígenas en el país, no podrían estar materializ·ndose. Tenemos mucho que aprender. Mientras no demostremos mayor respeto hacia de dignidad de las personas y los pueblos indígenas, la democracia chilena seguirá siendo, como hasta ahora, limitada e incompleta.
Al menos lo es para los Pehuenche. Que duda cabe.